Desafíos regulatorios de una reforma a la salud

Por: Eduardo Álvarez Reyes*

El sector salud es espacio de áreas o temas de gran calado, no sólo por lo que la salud representa para las personas y sus familias, sino también por su gravitación en la economía y desarrollo del país, dadas las ingentes exigencias presupuestarias e impactos financieros. Esto se aprecia, por ejemplo, en la cantidad de personas y la diversidad de profesiones involucradas en el mercado de trabajo y en el desempeño funcionario en salud, cuyos procesos formativos técnicos y universitarios están fuertemente imbricados en el quehacer mismo de los prestadores de salud públicos y privados; en la infraestructura hospitalaria, hoy particularmente en el desafío de maximizar el uso de la que existe disponible dotándola del equipo de salud en todos los niveles de atención.

Reflejo de lo anterior es la profusa regulación especial que rige las diversas actividades en el mundo de la salud. Este tipo de elementos inciden en las relaciones entre los sectores público y privado de salud, en el que distintas industrias o mercados de prestadores, aseguradores, proveedores y profesionales se cooperan o se complementan en grado diverso. En un contexto así temas como los mencionados jugarán su rol en la viabilidad de la reforma de salud comprometida en el programa del presidente Boric, por lo que la propuesta de diseño regulatorio que surja debiera proveer o propender elementos de coherencia entre ellos.

El programa de gobierno contempla una reforma para crear un fondo universal de salud, FUS, como administrador único de los recursos de cobertura de atenciones de salud en manos de FONASA, a cargo de recaudar y administrar las cotizaciones legales de los trabajadores, para terminar con las ISAPRE. Para todo ello el programa propone un aumento progresivo del gasto público en salud hasta llegar al promedio OCDE, lo que implicaría transitar en un rango del orden del 5,6% al 9,7%. En adición a esto, plantea crear un sistema nacional de salud basado en prestadores públicos y en un régimen general de cobertura en salud con copago cero en prestaciones y medicamentos en la red pública.

Acometer estos cambios requiere mayorías legislativas con alto nivel de acuerdo político, y también que estos acuerdos descansen en propuestas técnicas de diseño en política pública sustentables en el tiempo y que permitan enfrentar problemas ya crónicos en el sector salud. No es un ejercicio académico sino político con sustrato técnico y fuerte compromiso de gasto en el que hay que conciliar intereses de actores relevantes. Frente a esto, siendo importantes los principios inspiradores de mayor equidad no son suficientes para asegurar salud a las personas.

La tarea de una reforma para los cambios que el programa de gobierno esboza exigirá mostrar cuán sostenible pueda ser la transformación de dos sistemas de salud – público y privado – en uno solo, público. En esto, por ejemplo, la deuda pública que FONASA mantiene con los prestadores privados es una cuestión que reclama algún tipo de respuesta regulatoria en el marco de la transformación que suponga crear el FUS que administraría para financiar dicho régimen general de cobertura en salud con copago cero, escenario en el que pasarían a estar y cotizar los actuales más de tres millones de beneficiarios de ISAPRE. Lógicamente, nada se espera que dicha respuesta regulatoria nos diga sobre la solución de la deuda actual – algunos de cuyos acreedores ya han iniciado su cobro judicial – sino sobre cómo entonces el sistema público reformado logre funcionar sin producir deuda, o al menos sin incrementar la que hay.

No sobra decir que en los establecimientos privados al año se atienden más de cinco millones de pacientes que son beneficiarios de FONASA, cantidad de personas cuya proporción aumenta en regiones, de modo que las prestaciones de salud que reciben es parte de la colaboración o complemento entre ambos sistemas que corresponderá saber si se mantendría si el programa de gobierno se lleva a cabo y, en ese caso, la sostenibilidad financiera del FUS.

Este escenario desafía las expectativas del programa de gobierno, más aún si volvemos a alguno de aquellos temas de magnitud en el sector salud. Por ejemplo, la lista de espera quirúrgica y de consulta de especialidades en el sistema público, la escasez de especialistas y subespecialistas en regiones y los mecanismos de atracción e incentivos, o la capacidad de maximizar el recurso médico en la infraestructura pública hospitalaria, dado que la gran mayoría se desempeña en jornadas parciales de trabajo, factor que explica las listas de espera y la atención de pacientes FONASA en establecimientos privados.

*Eduardo Álvarez Reyes. Socio en Álvarez & Jordán