Por: Martín Rodrigo Müller Lorenzo*
En Chile existe una especie de manía por usar la palabra ingeniería mucho más allá de sus fronteras originales. Esto provoca de vez en cuando peleas sobre quién tiene el derecho de llamarse realmente ingeniero. Para la desgracia de los puristas, ahora la ingeniería llegó también al mundo del Derecho, pero esta vez no parece que sea solo una estrategia de marketing de alguna universidad creativa, sino que el puesto de Legal Engineer ya aparece en firmas internacionales y empresas de tecnología jurídica.
Hace algunos años, el título podía parecer uno de esos cargos que viven más en LinkedIn que en la vida real, hoy es más complicado ignorarlo. Reuters reportó recientemente que empresas de inteligencia artificial jurídica como Harvey y Legora cuentan con equipos numerosos de legal engineers, muchos de ellos abogados que dejaron la práctica tradicional para ayudar a desarrollar herramientas capaces de ejecutar parte del trabajo que antes hacían ellos mismos.
Claro que el nombre genera confusiones, no pensemos que un Legal Engineer es simplemente un abogado que aprendió a programar tras ver unos cuantos videos en TikTok o reels anunciándole que un robot legal venía a reemplazarlo. La oferta laboral actual de Harvey exige título jurídico y al menos tres años de ejercicio profesional, junto con comprensión de los workflows de estudios y departamentos legales, capacidad para trabajar con clientes y criterio para traducir problemas jurídicos en soluciones basadas en IA. Para que se entienda, la programación no aparece como requisito central.
El fenómeno tampoco se limita a las empresas tecnológicas, el estudio jurídico Simmons & Simmons integra en su equipo de Applied AI abogados, solutions engineers y científicos de datos, e incluye expresamente el cargo de Senior Legal Engineer. Herbert Smith Freehills Kramer, por su parte, reúne abogados, tecnólogos y especialistas en operaciones en su área de Digital Legal Delivery. Quizás discutir si el término Engineer está bien usado es una respuesta muy típica de abogado, pues nos enfocamos en la etiqueta mientras que el trabajo real está cambiando por debajo de la superficie.
¿Pero qué pasa con Chile? Por ahora no parece necesario mandar a hacer nuevas tarjetas de presentación con el cargo de Legal Engineer o buscar algún cursito en internet de forma urgente, los datos disponibles no permiten afirmar que los estudios jurídicos lo estén incorporando, al menos no masivamente, pero las condiciones que explican su aparición sí empiezan a verse.
El Legal Market Report 2024, elaborado por el Legal Management Innovation Lab de la PUCV y Thomson Reuters, revela una paradoja: entre los abogados encuestados, un 51% declaró utilizar herramientas de IA como ChatGPT o Copilot, mientras un 72% calificó su propio conocimiento sobre IA como bajo o nulo. El mismo informe muestra la presencia de roles como Legal Operations Manager, Legal Process Manager y Legal Project Manager, además de la valoración del análisis de datos, management y tecnología.
A ello se suma un estudio de CENIA y SOFOFA sobre el futuro del trabajo en Chile, que asigna a los abogados una oportunidad de aceleración con IA generativa de 0,72. Eso no significa que una máquina pueda hacer “el 72% del trabajo de un abogado” —por tentador que resulte resumirlo así—, sino que una parte relevante de sus tareas podría beneficiarse de estas herramientas.
La señal chilena, entonces, parece bastante más interesante que preguntarnos cuándo veremos el primer aviso buscando un Legal Engineer en un estudio local, el mercado ya empieza a valorar funciones relacionadas con tecnología, procesos, datos y gestión, aunque todavía las distribuya bajo otros nombres. Es posible que el cargo nunca llegue a masificarse en Chile exactamente como lo conocemos hoy; las capacidades que representa, en cambio, parecen bastante menos fáciles de ignorar.
Por eso, el Legal Engineer importa menos como una nueva profesión que como una señal de hacia dónde se mueve el trabajo jurídico, saber Derecho seguirá siendo la base. Lo que empieza a cambiar es aquello que permite diferenciarse a partir de esa base: entender cómo se organiza el trabajo, qué puede mejorarse con tecnología y cómo conectar una necesidad jurídica con herramientas que permitan resolverla mejor.
Quizás, después de todo, no sea necesario que los abogados nos llamemos ingenieros. Pero empieza a ser bastante más difícil sostener que podemos preocuparnos únicamente del Derecho y dejar todo lo demás para alguien más.
Martín Rodrigo Müller Lorenzo
Egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Postulante en practica en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso.
Área de interés profesional: propiedad intelectual, tecnología y protección de datos personales.
Correo: martmuller@alumnos.uai.cl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/martin-
