Por Cristián Franetovic *
Hace un mes tuvo lugar en Londres la London Climate Action Week, el mayor evento climático independiente de Europa. El encuentro reunió a más de 75.000 asistentes, incluyendo miembros de gobiernos, empresas, expertos, inversionistas y de la sociedad civil para impulsar soluciones y acelerar la transición hacia una economía sostenible.
El evento, si bien mantuvo debates de fondo globales tales como el financiamiento de la transición energética y la descarbonización, tuvo como foco de urgencia las preocupaciones sobre determinados gases denominados forzantes climáticos de vida corta (FCVC), específicamente sobre el metano (CH4).
Este gas, que ha sido calificado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, como un “super super contaminante”, posee un potencial de calentamiento global aproximadamente 80 a 86 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2) en un horizonte de 20 años. El metano es responsable de cerca de un tercio del calentamiento global, pero dado que se descompone en la atmósfera dentro de una o dos décadas, las disminuciones agresivas de sus emisiones pueden producir un alivio en la temperatura que sea visible en una generación.
El llamado del Secretario General consistió en convocar a tomar acciones decisivas para reducir el desecho de alimentos, el desecho de residuos a “cielo abierto” en lugares no autorizados, capturar las emisiones de los vertederos sanitarios y las aguas servidas, como también poner el foco en el sector agrícola. La autoridad concluyó con una llamada a establecer un nuevo estándar global para el sector de gas y petróleo: emisiones netas de metano cercanas a cero en la cadena de valor.
Dada la existencia de esta nueva preocupación en la conversación global sobre cambio climático, resulta conveniente revisar las obligaciones que Chile ha decidido asumir para contribuir a disminuir las emisiones de metano.
En el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales, los Estados parte de dicha convención deben presentar cada cinco años los compromisos que asume cada uno de ellos para contribuir a la consecución de dicho objetivo.
En el caso de Chile, su primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) fue presentada en 2020 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Conforme a lo establecido en el Acuerdo de París (art. 4 N° 9) esta contribución nacional ha de ser actualizada y presentada quinquenalmente a la CMNUCC. Es por ello que nuestro país en 2025 presentó su actualización a este instrumento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 28 de 2025 del Ministerio del Medio Ambiente.
Anteriormente, en 2022, como consecuencia de haber suscrito el pacto de Glasgow en la COP 26, Chile decidió formalmente fortalecer su NDC vigente a esa fecha mediante una anexo a la misma, comprometiéndose respecto del metano, a detener la tendencia creciente de emisiones de dicho gas alrededor de 2025 y posteriormente avanzar hacia una tendencia decreciente de las mismas.
La NDC vigente de Chile reconoce que las emisiones de metano, de forma importante, son causadas por el manejo de residuos sólidos y las actividades agropecuarias. Las emisiones netas de metano a nivel nacional contabilizaron 16.384 ktCO2eq en 2020.
En concreto, respecto del metano, este instrumento ratifica el compromiso anterior de revertir la tendencia creciente de emisiones de dicho gas, pero agrega como compromiso adicional exigible para 2035, una reducción de un 10% respecto del máximo de emisiones esperado para 2025 o al año máximo histórico de emisiones del mismo.
Adicionalmente, y como forma de contribuir a reducir las emisiones de metano del país, en materia de economía circular, la NDC vigente se compromete en 2026 a desarrollar una Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos de Chile, a más tardar en 2027 a promover con carácter de urgente, una ley que fomente la valorización de los residuos orgánicos municipales y a 2028 lograr que, al menos, el 50% de las regiones cuenten con planes estratégicos regionales de valorización de residuos (PER) que incluyan medidas para promover la valorización de los residuos orgánicos.
Los compromisos asumidos en la NDC de 2025, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 28/2025, trazan una hoja de ruta clara en el papel. Frente a la advertencia del Secretario General de la ONU sobre el metano como un “súper contaminante” de respuesta inmediata, la meta chilena de reducir un 10% para 2035 demuestra ambición en la materia, cumpliendo con el principio de progresión que exige el Acuerdo de París para las contribuciones sucesivas.
La pregunta es si acaso existe y existirá en nuestro país el financiamiento, la infraestructura y los incentivos necesarios para cumplir todas estas metas futuras ligadas a la disminución de las emisiones de metano, ¿o bien arriesgamos transformar estos compromisos en una declaración de intenciones que puede terminar chocando contra la realidad local?
* Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile; Master of Laws (LLM) in Public Law, London School of Economics and Political Science (LSE). Especialista en Derecho Público, Derecho Ambiental y Mercados Regulados.
