Bárbara Zlatar*
La reforma previsional dejó de ser un debate y pasó a ser una línea en la liquidación de remuneraciones. Desde agosto del año pasado los empleadores pagan una nueva cotización con cargo a la empresa, y a partir de las remuneraciones de agosto de 2026 esa cotización entra en su segunda etapa: vuelve a subir, camino a un aporte adicional que llegará al 8,5% en torno a 9 años.
La discusión de fondo ya se dio. Lo que viene ahora es más terrenal y, por eso mismo, más difícil: implementarla bien.
Y ahí aparecen los desafíos que el titular no muestra.
El primero es de costo, y el momento no ayuda. Este segundo tramo se aplica sobre un mercado laboral con 9,4% de desempleo, el más alto en casi 5 años, y en el marco de economía que crece poco.
Para la empresa grande, el alza si bien desafía costos, se puede con dificultad pueden absorber; para las pyme, que operan con márgenes mucho más estrechos, cada punto adicional sobre la masa salarial es una decisión: contratar menos, no reajustar o postergar una inversión.
La gradualidad fue diseñada para amortiguar los impactos, pero ello no significa indoloro, y conviene decirlo.
El segundo es operativo, y se subestima siempre. La reforma no es un solo porcentaje: es un aporte que se reparte entre la cuenta individual y un nuevo seguro social. Un parámetro mal cargado en el sistema de remuneraciones no es un detalle técnico: se traduce en cotizaciones mal enteradas, en diferencias que después hay que corregir y en un riesgo de infracción. La correcta implementación se juega en la planilla, no en la ley.
El tercero es de comunicación. El trabajador verá cambios en su liquidación, y no siempre entenderá qué es suyo, qué va a su cuenta y qué financia el componente solidario. Si la empresa no explica, el vacío lo llena la desconfianza. Gestionar personas, en esta etapa, es también traducir la reforma a un lenguaje que la gente entienda.
El cuarto es de acumulación. Este aumento no llega solo. Se suma a la reducción de jornada de la ley de 40 horas, a la entrada en vigencia de la ley de datos en diciembre y a otros ajustes. Cada uno, por separado, es razonable; juntos, exigen a las empresas —y sobre todo a las más pequeñas— una capacidad de adaptación que no siempre tienen. El Estado legisla de a una; la empresa las recibe todas juntas.
Esto no significa replantear la reforma, pero una ley mal implementada termina desprestigiando la buena idea que la inspiró. Y la implementación no es responsabilidad solo de las AFP o del regulador: pasa, todos los meses, por el área de personas de cada empresa.
El desafío de esta segunda etapa, entonces, no es discutir de nuevo el modelo. Es más humilde y más exigente a la vez: cargar bien el parámetro, enterar la cotización correcta y explicarle al trabajador lo que está pasando, todo en el peor momento del ciclo laboral. La reforma ya se aprobó; ahora hay que hacerla funcionar, mes a mes, sin que se caiga en la letra chica.
*Bárbara Zlatar, socia del área Laboral de Cariola Díez Pérez-Cotapos
