Por Juan Alberto Pizarro*
La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto secundario en la gestión empresarial para convertirse en un eje estructural de la toma de decisiones. En este contexto, la variable tributaria comienza a ocupar un lugar central dentro de los estándares ESG, tensionando la forma en que las empresas conciben y ejecutan sus estrategias fiscales.
Hoy, no basta con cumplir formalmente la ley. La discusión se desplaza hacia cómo, cuánto y dónde se pagan los impuestos. La transparencia fiscal emerge como un indicador relevante de responsabilidad corporativa, en la medida que los ingresos tributarios constituyen un pilar esencial para el financiamiento de políticas públicas y, en definitiva, para la sostenibilidad del propio sistema económico y social.
En esta línea, estándares internacionales como el GRI 207 han contribuido a consolidar un lenguaje común en materia de revelación fiscal, promoviendo prácticas de mayor transparencia y comparabilidad. Su adopción creciente refleja no solo una presión regulatoria o reputacional, sino también una transformación en las expectativas de inversionistas, autoridades y demás grupos de interés.
Chile no ha estado ajeno a esta tendencia. La reciente incorporación del concepto de sostenibilidad tributaria en la Ley N° 21.713 introduce una innovación relevante: la posibilidad de certificar que las operaciones y estrategias fiscales de un contribuyente se ajustan a dichos estándares. Este mecanismo, constituye una señal clara hacia un modelo de cumplimiento colaborativo, donde la relación entre contribuyente y administración tributaria se funda en la confianza, la transparencia y la gestión proactiva de riesgos.
Desde una perspectiva técnica, este enfoque exige a los grupos empresariales avanzar hacia esquemas robustos de gobernanza fiscal, donde el diseño e implementación de un Marco de Control Fiscal (MCF) adquiere un rol crítico. Este no solo debe asegurar la exactitud de las declaraciones tributarias, sino también permitir la identificación temprana de riesgos, la trazabilidad de decisiones y la alineación de la estrategia fiscal con los objetivos de negocio y los principios éticos de la organización.
El desafío, sin embargo, no es menor. Supone abandonar una visión fragmentada de la función tributaria e integrarla plenamente en la gestión corporativa. Implica, además, asumir que el riesgo fiscal ya no es exclusivamente financiero, sino también reputacional y, en ciertos casos, estratégico. En un entorno donde la opinión pública y los mercados valoran cada vez más la conducta empresarial, la sostenibilidad tributaria se convierte en un activo intangible de alto impacto.
Asimismo, el avance hacia esquemas de cumplimiento cooperativo plantea interrogantes relevantes. ¿Cuál es el estándar exigible de “buena conducta tributaria”? ¿Cómo se equilibran la certeza jurídica y la discrecionalidad administrativa en procesos de certificación? ¿Qué rol jugarán los intermediarios fiscales en este nuevo paradigma? Estas preguntas dan cuenta de que el desarrollo normativo deberá ir acompañado de criterios claros y consistentes que otorguen seguridad a los contribuyentes.
Con todo, la sostenibilidad tributaria no debe entenderse únicamente como un nuevo requisito regulatorio, sino como una oportunidad para redefinir la relación entre empresa, Estado y sociedad. Es igualmente una oportunidad para las organizaciones de fortalecer sus marcos de control interno en materia tributaria y alinear el proceso con las necesidades del Gobierno Corporativo. En la medida que se consolide una cultura de cumplimiento basada en la transparencia y la colaboración, será posible avanzar hacia un sistema tributario más legítimo, eficiente y alineado con los desafíos del desarrollo sostenible.
*Juan Alberto Pizarro
Presidente Comisión Tributaria
Colegio de Contadores de Chile
