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Anti-Woke, Anti-DEI, Anti-ESG: ¿fenómeno contagioso?

El emergente fenómeno "Anti-ESG", una corriente que desafía la creciente tendencia empresarial hacia criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En el contexto estadounidense, se entrelaza con movimientos culturales como "Anti-Woke" y "Anti-DEI", impactando no solo en la política sino también en la toma de decisiones corporativas.

Por: M. Soledad Alonso Baeza*

El movimiento anti-ESG que cuestiona la creciente preocupación de las organizaciones por medir y gestionar sus impactos medioambientales, sociales y de gobernanza, se relaciona con un fenómeno cultural de larga data nacido en Estado Unidos, denominado Anti-Woke (desperté, tiempo pasado en inglés del verbo despertar) que originalmente surgió dentro de la comunidad negra y significaba estar alerta (despierto) ante la injusticia racial.

El movimiento Anti-Woke ha tenido efectos concretos en la cultura norteamericana como la  censura de determinados libros en colegios públicos pero también en la educación superior y en la empresa que, después del asesinato del afroamericano Georges Floyd – a manos de la policía de Minneapolis – hizo resurgir con fuerza el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) promoviendo la diversidad en un país con una difícil historia y trayectoria racial.

Soledad Alonnso

¿Y que es Anti-ESG? Es en realidad, una corriente del discurso del sector republicano de Norteamérica en un contexto de fragmentación política, la cual como telón de fondo busca arremeter contra todo aquello que promueva la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). Un ejemplo de lo anterior fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2023, la cual acabó con la denominada “acción afirmativa” basada en la raza en las admisiones universitarias. La decisión sostiene que tanto los colegios como las universidades ya no pueden tener en cuenta la raza como base específica para conceder una admisión, decisión histórica que anula un precedente de larga data que ha beneficiado a los estudiantes negros y latinos en la educación superior.

El efecto provocado es que, tanto desde las políticas públicas como desde el mundo privado – empresas, universidades, estudios jurídicos, etc. – han empezado a revisar sus programas de becas y cuotas para migrantes, pues las estiman ideologizadas, exageradas o contrarias a la libertad de expresión.  Es en este contexto que ha ganado fuerza – hasta ahora – el movimiento Anti-DEI, también liderado por los sectores conservadores y republicanos de Estados Unidos.

La última ofensiva política es el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes estatal de New Hampshire, el cual propone convertir en delito grave a las estrategias de inversión estatales que incorporen conscientemente principios ESG, con penas que podrían incluir hasta 20 años de prisión para los infractores. Algunos de los promotores de esta norma – tales como Travis Corcoran y Mike Belcher – señalan que “la inversión ESG debe prohibirse en los fondos gestionados por el Estado porque su práctica provoca necesariamente una disminución de los beneficios al dar prioridad a criterios distintos de las ganancias financieras”. La creencia de estos parlamentarios es que la inversión ESG es similar al fraude porque las ganancias no percibidas se aprovechan para el activismo social y político.

Sin embargo, estas “creencias” que por el momento disfrutan de un momento de auge – los gobiernos republicanos de Florida, Texas, Carolina del Sur y Luisiana han castigado a firmas de inversión por abrazar estos criterios – no tienen sustento técnico, ni evidencia, ni estudios serios que puedan demostrar lo que afirman. Por el contrario, se limitan a repetir que el deber fiduciario debe seguir siendo la máxima prioridad para los administradores de inversiones, deber que – según ellos – se ha abdicado a favor de imponer una agenda política y social de izquierda. Y, sin lugar a duda, esto se está viendo favorecido por el proceso de elecciones que condiciona la agenda polarizada del país del Norte.

Es sabido que, el rol de la empresa ha ido cambiando aceleradamente en los últimos tiempos, y que un buen gobierno corporativo mira por los intereses a largo plazo de todas las personas que se relacionan con la compañía, con sus grupos de interés, o de lo contrario, se arriesga la sostenibilidad del negocio y la vida corporativa de la misma.

Para el profesor José Luis Fernández, director de la cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, España), estos movimientos políticos se pueden haber favorecido cuando se ha tomado el nombre de ESG en vano y se acaba de convencer a la gente con poca sustancia. Lo que reafirma que no existen datos empíricos que demuestren que el uso de estos criterios sea perjudicial desde el punto de vista financiero.

¿Estamos en presencia de un fenómeno contagioso?

En Europa, con mayor conciencia sostenible que los Estados Unidos, se han visto manifestaciones por parte de los agricultores por los costos que conllevan las nuevas regulaciones de la Unión Europea en su Acuerdo Verde. Y, aquí también la agricultura se extiende como un campo de batalla por las elecciones que están teniendo lugar en diferentes países. Las personas con poder se tratan de acercar a los agricultores, mientras que sus opositores – grupos de extrema derecha en Europa – tratan de aprovechar su ira.

Sin embargo, sabemos que los vientos favorables a determinadas corrientes políticas pueden cambiar de un momento a otro. La sostenibilidad y los criterios ESG no son una corriente política, ni tampoco una moda. Es simplemente una forma de enfrentar el cambio climático, no depredar el planeta, cuidar de los recursos naturales y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2030) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, y garantizar que en el futuro todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

Aquellas empresas innovadoras que combinen los objetivos de rentabilidad con crecimiento sostenible serán las que perdurarán en el tiempo. Porque la sostenibilidad llegó para quedarse y los impactos que generan las organizaciones con sus actividades se están reportando en varios países incluyendo a Chile.

*M. Soledad Alonso Baeza. Abogada de la Universidad Diego Portales. Diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC. Consultora de cumplimiento normativo y gobiernos corporativos en RAM Abogados. Docente en diplomados de varias universidades.

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