Sería interesante contar con alguna encuesta en las diferentes universidades del país que pudiera indagar las razones por las cuales los jóvenes ingresan a estudiar derecho.
Es imposible saber, con certeza, cuántos y cuántas han decidido dedicar su vida al estudio el derecho y ejercer la abogacía porque se encuentran enamorados de la idea de justicia, porque desean en el futuro emular a Geoffrey Robertson en la defensa de los derechos humanos o porque quieren que la justicia sea algo accesible para todos. No podemos saber cuántos alumnos de nuestras diferentes facultades consideran que decir la verdad y ser honesto es la primera obligación de un abogado o abogada.
Otros tal vez vean el derecho y la abogacía simplemente como una forma eficiente de ganar buen dinero, cuestión que, dado el crecimiento inorgánico de las facultades de derecho y la eventual sobresaturación de la oferta de abogados, puede con los años convertirse más bien en una alucinación. Quizás han entendido, especialmente en el caso de la litigación, que el deber de un abogado es hacer triunfar la versión del cliente que le paga, siendo el sacrificio de la verdad un eventual daño colateral del cual no se le puede responsabilizar éticamente.
No puede ser una casualidad que la profesión de abogado, si bien es apetecida como una que puede otorgar estabilidad económica o alguna especie de prestigio social, sea, en realidad, vista por el resto de la población como una ocupación caracterizada por la retórica, los argumentos efectistas y el uso mañoso de las palabras y el lenguaje. Los abogados aparecen, a los ojos de la mayoría de las personas, como personajes que enredan las situaciones, que empujan artificialmente a los conflictos y que están dispuestos a mentir o engañar con tal de obtener el triunfo en un juicio o en una negociación. No hay, verdaderamente, prestigio social en esta profesión.
Es un deber ineludible para todos los operadores del sistema judicial, y en especial para los abogados, descubrir las razones por las cuales la credibilidad de la profesión y del sistema en general se muestra tan precaria en todas las encuestas recientes.
Se hace urgente contar con una auténtica formación ética en las distintas universidades que forman a los abogados y abogadas del futuro, ahondado en la filosofía jurídica y en la reflexión de los llamados “casos difíciles”; es perentorio buscar la manera de cambiar los incentivos del sistema, de manera que sea la verdad lo que deba perseguirse, ante todo; es esencial lograr que la justicia no tenga en consideración la riqueza ni los apellidos de los contendientes, de manera de extirpar la creencia, seguramente justificada, de que existe una justicia para los ricos y otra, diferente, para los pobres; es preciso, de alguna forma, iniciar una investigación acerca de cómo lograr que el poder judicial no sea siempre obsecuente con el poder político, de forma que se convierta en un auténtico protector de la justicia incluso cuando ella exija que sean los intereses de los débiles y los pobres los que prevalezcan por sobre los de los poderosos; es un deber impostergable que la igualdad, como elemento fundamental de la justicia, se transforme al interior del mundo de los abogados y abogadas en un principio efectivamente respetado, eliminando las brechas salariales entre hombres y mujeres y respetando una representación igualitaria en los puestos de poder de los estudios y las organizaciones gremiales.
Corregir nuestra imagen supone, antes que cualquier otra cosa, llenarnos de humildad, reconocer nuestros errores individuales y sistémicos para corregirnos. Como decía Lola Hoffmann, hay mucha gente tratando de transformar el mundo, pero poca tratando de transformarse.
Las abogadas feministas que empujan por la igualdad; el idealismo de tantos abogados anónimos defendiendo a los más débiles o postergados, son señales reconfortantes de que el derecho y su ejercicio puede identificarse con la justicia y no con la mera habilidad retórica.
